El magistrado determinó un embargo de 111 millones de pesos y una serie de restricciones perimetrales estrictas, mientras el entorno de las víctimas cuestiona que el empresario procesado mantenga la libertad ambulatoria pese a la gravedad de las pruebas halladas en los allanamientos.
La Justicia dio un paso determinante en una de las causas más sensibles que involucran a la comunidad educativa de Palermo Chico. El juez Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, dictó el procesamiento de Marcelo Porcel por encontrarlo responsable de delitos de extrema gravedad, entre los que se destacan el abuso sexual gravemente ultrajante y la corrupción de menores. La decisión judicial pone el foco en el comportamiento del empresario hacia diez compañeros de colegio de su propio hijo, aunque la resolución generó reacciones encontradas al no incluir la prisión preventiva.
Las pruebas que complican el escenario del empresario
La investigación sumó elementos de un peso probatorio que el juzgado consideró suficientes para avanzar con la figura del procesamiento. Según consta en el expediente, las declaraciones de los menores en Cámara Gesell resultaron coincidentes al describir la dinámica de las reuniones en el domicilio de Porcel. En esos encuentros, el acusado habría facilitado el consumo de alcohol para vulnerar la voluntad de los adolescentes. Lo que terminó de cerrar el círculo de sospechas fue el material hallado en los dispositivos electrónicos secuestrados: imágenes obtenidas mediante cámaras ocultas en sectores de absoluta privacidad, como baños y duchas.
A pesar de la contundencia de estos hallazgos y de la multiplicidad de víctimas, el juez Bruniard optó por un camino intermedio respecto a la situación procesal de Porcel. Si bien se le impuso un embargo millonario que supera los 111 millones de pesos para cubrir eventuales responsabilidades civiles y costas, el magistrado consideró que no se verifican riesgos procesales inmediatos, como el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación, permitiendo que el imputado aguarde el juicio oral fuera de una celda.
El estricto régimen de conducta y el silencio del entorno
Para compensar la falta de detención, la Justicia estableció un cerco de restricciones que busca proteger la integridad de los denunciantes. El empresario tiene prohibido salir del país y debió entregar su pasaporte, además de la obligación de presentarse cada quince días ante las autoridades judiciales. Sin embargo, el punto más sensible para las familias es la prohibición de acercamiento: el hombre no puede aproximarse a menos de 500 metros de ninguna de las víctimas ni de las instituciones escolares a las que asisten los menores involucrados.
En paralelo a la situación del principal acusado, la lupa judicial todavía sobrevuela sobre su círculo íntimo. Las querellas insisten en revisar el rol de la esposa de Porcel, quien se encontraba presente o tenía responsabilidad de cuidado sobre los jóvenes durante los eventos denunciados. El escenario actual perfila un debate oral donde la acumulación de cargos podría derivar en una condena de hasta 20 años de prisión, marcando un precedente definitivo sobre la responsabilidad de los adultos en ámbitos de confianza escolar.
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